Fondos e inversores internacionales con intereses de más de 13.000 millones en energías renovables en España han contratado servicios jurídicos para defender sus derechos tras las últimas normas del sector energético que afectan a la rentabilidad de sus inversiones. Estas medidas, junto con otras también recientes como una tasa del 7 por ciento a la generación eléctrica, han golpeado en especial a las empresas de energía renovable, menguando notablemente la retribución de las plantas fotovoltaicas, eólicas y termosolares.