El ERE de Telemadrid es una decisión empresarial no ajustada a derecho, injustificada. Sin embargo, la ley es bastante más ambigua que algunos de sus términos. No es un despido justificado, ni ajustado a derecho, pero se puede cometer en los márgenes de una legalidad sumamente comprensiva con una decisión empresarial arbitraria, sumamente insensible a la indefensión laboral y legal de cientos de trabajadores. Es cuestión de dinero, que además no partirá del patrimonio privado de la empresa o el empresario, sino del presupuesto público.
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Como dice el autor del artículo "la justicia tiene un precio " y lo pagan los trabajadores y los ciudadanos
Todo muy triste y demuestra la catadura moral de la sociedad madrileña. Es la que conozco, pero se podría extrapolar a todas las Españas, seguro. Los aristogatos se han adueñado de los tres poderes que separaba Montesquieu como garantía de democracia. Pero, insaciables, también tienen en el bote el cuarto poder. Porque a la prensa y a los medios privados los amaestran con la publicidad institucional o con prebendas a editores y creadores de opinión, mientras los públicos los ocupan, directamente, y los ponen a su servicio. Pagan los madrileños con millones de euros la chulería y el capricho de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Querían vencer a la plantilla de Telemadrid, que les plantó cara en todos los frentes desde 2004, y desenmascara sus mamandurrias. Querían disolverles. Si su capricho cuesta una pasta, los mismos que nos arruinaron con las autopistas nos saquearán para pagar indemnizaciones que no deberían abonarse, sino preferir la readmisión. Al menos, la readmisión de la plantilla necesaria para ofrecer una emisión profesional. No el cinexín que es ahora Telemadrid. Pero no lo harán; no está en su ADN. Sin confiar en la Justicia, que sí en los jueces, espero que alguien siente en el banquillo a los directivos que realizaron esa chapuza de ERE, y que ¡oh, sorpresa! siguen cobrando sus millonarios sueldos y complementos.
Los aristogatos no quieren cerca gatos callejeros, rebeldes y listos. Y mucho menos, leones.
46 millones de euros le costará a los ciudadanos esta injusticia, que además, deja en la calle a 861 trabajadores. Una vergüenza más.