Para el gobernador del estado sureño, “es un asunto de salud pública”. En el estado, uno de los más pobres del país, han muerto 2600 mujeres, desde 2010, por las malas condiciones en las que interrumpen sus embarazos; 26% de ellas menores. Dos casos de mujeres indígenas guerrerenses saltaron tristemente a la fama por la criminalización que sufrieron por abortar. Adriana Manzanares salió libre por la presión de defensores de derechos, el pasado 22 de enero, después de dos años de cárcel; la sentencia era de 22 años.