#31 Ojo con este asunto, a ti que te gusta ir a las fuentes y ver bien de que van las cosas.

Tienes aquí todo el expediente y la sentencia.

http://www.santiagodecompostela.org/casa_concello/transparencia.php?idn=./02._Area_Xuridica/01._Documentos_administrativos_imputacion&lg=cas


Te adelanto de todas formas lo siguiente:

EL pago de gastos jurídicos a un concejal o funcionario declarado inocente es totalmente legal, lo reconoció el TS en 2002 y así lo admite la sentencia.

El compromiso de pagarlo si se cumple dicha condición también sería legal. Hay mucha documentación sobre esto y también lo reconce la sentencia.

Aqui el problema es más complejo xq lo que pasa es:

El concejal lo solicita con una formula un tanto ambigua: "Que el gasto sea asumido por el ayuntamiento de acuerdo con los derechos que como miembro de la corporación le asisten"

Esa frase se puede interpretar de dos formas.

Interpretación 1 -Que me paguen todo, que como concejal tengo derecho.
Interpretación 2- Que me paguen de acuerdo con lo que como concejal tengo derecho.

-El informe de secretaría explica que tiene derecho siempre que se le declare inocente.
-Nunca hubo informe de intervención porque el acuerdo se adoptó condicionándolo al informe de intervención que se hiciese en el momento del pago (aprovecho para aclarar que nunca se pagó nada, aquí solo hubo un compromiso de pagar)

El acuerdo recoge literalmente la propuesta del concejal, por lo que mantiene su ambigüedad

Tenemos por lo tanto un acuerdo que puede querer decir dos cosas bien distintas, una es prevaricación y la otra es legal.

Aquí el proceso consistió en determinar cual era el contenido del acuerdo, con el fiscal diciendo que habían aprobado la interpretación 1 y los acusados y defensa diciendo que se había aprobado la interpretación 2.

La defensa y los concejales decían que era la 2 basándose en que el informe de secretaría estaba unido al expediente y por lo tanto lógicamente ellos habían votado pensando en la interpretación acorde con el informe de secretaría.


Al final el juez, basándose en que en el texto del acuerdo no se cita el informe de secretaría ha interpretado que ellos votaron el sentido 1 y por lo tanto prevaricaron.

Vamos que el tema no lo veo yo tan claro y ya veremos que dice la segunda instancia, porque ha consistido en coger un texto que en función de como lo interpretes es legal o no, interpretar de la forma que no es legal y condenar.

Yo adelanto que, personalmente y quizás por deformación profesional, cuando leí el texto por primera vez para mí la única interpretación lógica era la 2. Así que a mí personalmente me quedan muchas dudas, incluso el anterior secretario, (el que estos cesaron cuando llegaron y que es acusación personal contra ellos en la pokemon) dijo que en su declaración como testigo que el acuerdo era legal salvo que se interpretase deliberadamente en el sentido de que se pague en todo caso.

"fue represaliado, personal y profesionalmente, por el PP y tiene motivos suficientes para desear la condena de los siete ediles. Pero Javier es un funcionario íntegro y fue consecuente con su forma de actuar. Ante el juez dijo que era “interpretable” si se reunían o no los condicionantes para pagar la defensa de Adrián Varela aunque, y eso es importante, sostuvo que “cabría un pago anticipado y el posterior reembolso”.

http://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/un-juicio-tan-politico-inutil/idEdicion-2014-05-20/idNoticia-869698/