Más de 50.000 firmas para hacer frente al fracking en Castellón (cat)

TRADUCCIÓN: #1

Después de dos años y medio de trayectoria, la Plataforma Anti-fracking (PAF) ha decidido presentar las firmas recogidas a lo largo de estos años de movilización y presencia en una gran cantidad de actos y encuentros. Esta plataforma ciudadana aglutina a más de cincuenta colectivos, asociaciones, sindicatos, ayuntamientos, políticos y otras personas a título individual que no quieren permitir la extracción de hidrocarburos con la técnica de la fracturación hidráulica en su territorio. En esta entrega se suma también la intención de presionar al gobierno valenciano para que se posicione en contra del fracking en el territorio castellonense, ya que la PAF no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de este órgano de gobierno.


Aunque con los procedimientos legales en el resto de territorios como Cantabria o Navarra han prohibido la técnica y ha sido tumbada por el gobierno estatal, desde la PAF aseguran tener los motivos suficientemente contrastados como para que la prohibición de los proyectos de la empresa Montero Energy sea inminente. La PAF remarca la necesidad de un posicionamiento contrario debido al riesgo que corre la subsistencia de todos los seres vivos de las comarcas de Castellón, y concretamente, de los de las comarcas del norte, afectadas directamente por la localización de los proyectos.

Dos años y medio construyendo nexos en defensa del medio ambiente

El 13 de julio de 2012, la empresa de extracción de hidrocarburos Montero Energy Corporation SL, filial de la empresa canadiense R2 Energy, presentó unos proyectos de investigación de hidrocarburos con la técnica de la fractura hidráulica -conocido popularmente como a fracking- en el Servicio Territorial de Minas de Castellón, dependiente de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio.

La creación de la PAF, con representación en el conjunto de las comarcas de Castellón, ha sido de vital importancia. Los tres proyectos, llamados Arquímedes, Pitágoras y Aristóteles, se sitúan en la zona de las comarcas del norte, concretamente en el Alt Maestrat y Els Ports. Los informes contrarios a los de Montero Energy sobre el impacto medioambiental vienen dados por los riesgos que supone aplicar esta técnica a un territorio lleno de fallas activas en su subsuelo y sobre un recurso tan escaso y necesario como es el acuífero del Alto Maestrazgo .

La trayectoria y actividad de la PAF de las comarcas de Castellón, desde su creación el 17 de octubre de 2012, ha sido vertiginosa y muy productiva. La información ciudadana de la PAF en 41 municipios contra un riesgo tan grave, ha conseguido que el 80% de los ayuntamientos afectados por los proyectos hayan cambiado su posición hacia un rechazo total de la fracturación hidráulica en sus territorios.


La PAF ha conseguido reunirse con un gran número de equipos de gobierno de diferentes municipios de distinto color político, colaborando de forma activa en el cambio de posicionamiento de muchos de éstos. Asimismo, ha conseguido la adhesión y confluencia de un gran número de colectivos sociales, asociaciones culturales, vecindario, municipios, ayuntamientos, sindicatos y políticos que han suscrito el manifiesto y las demandas de la plataforma con el objetivo de frenar los permisos de investigación.

Esta movilización ha sido posible gracias a todas las personas que pertenecen, participan y actúan en la plataforma, sin ningún tipo de ayuda ni apoyo institucional del territorio afectado, como es la Diputación Provincial de Castellón, ni por parte de su presidente, Javier Moliner Gargallo. Miembros de la PAF afirman que el Presidente de la Diputación de Castellón ha sido citado más de seis veces en dos años para mantener una reunión con el objetivo de tratar el tema más serio. Sin embargo, esta reunión ha sido desestimada por el mismo Moliner en todas las ocasiones.


Además, las declaraciones radiofónicas del Presidente al principio de las presentaciones de estos proyectos afirmaban que "Castellón no será la única provincia que se quede sin saber las riquezas que hay en su subsuelo". Cuatro meses después, se posicionó dudosamente en contra del fracking, debido a las declaraciones de Ignacio Morell, catedrático de hidrogeología en la Universidad Jaume I y coordinador de la Comisión de expertos de hidrocarburos, quien afirmaba que "el existencia de agua suministra a un número elevado de personas de la provincia, y es la primera causa por la que pensamos que el fracking no es una buena técnica para nuestras tierras, ya que el acuífero estaría sujeto a procesos de contaminación " .

Es por este motivo que los miembros denuncian la pasividad de Moliner, quien en ningún momento ha actuado para que se desestiman las solicitudes de fracturación hidráulica en el norte de Castellón. En unas declaraciones recientes, miembros de la plataforma, que no han querido mostrar su identidad, han contrastado la falta de rigor técnico y científico en las propuestas de los proyectos de Montero Energy, demostradas con las pruebas de impacto negativo que provocaría al conjunto de las comarcas de Castellón, tanto de su modelo de abastecimiento de recursos primarios como de su modelo de economía basada, en gran parte, en el turismo.

"Es una falta de respeto por parte del Presidente de la Diputación hacia el conjunto de la sociedad castellonense no habernos recibido siendo como somos un colectivo que representa las demandas de todas las personas y municipios en contra de esta técnica", afirmó un miembro de la PAF. Por este miembro de la Plataforma eso "nos hace dudar del verdadero posicionamiento del Presidente", ya que "es sabido que un proyecto con la falta de todo rigor técnico-científico como este es muy simple denegarlo" y que "cada vez que se ha debatido en las Cortes una moción para prohibir la fracturación hidráulica en Valencia, han alegado que ya lo determinarían las correspondientes declaraciones de impacto ambiental ".

La asamblea de la PAF denuncia la actitud de Javier Moliner, quien parece estar frivolizando con un tema tan grave como este.

La protesta llega hasta Europa

Los riesgos que conlleva el fracking en las comarcas de Castellón son alarmantes para geólogos como José Luis Simón Gómez, doctor y catedrático de geología en la Universidad de Zaragoza, quien rechazó los informes presentados por Montero Energy con vistas de un aprovechamiento petrolífero y gasista que "inevitablemente degradará el medio ambiente y contaminará los acuíferos del Maestrat".

La existencia de fallas o fracturas asociadas al subsuelo son susceptibles de ser interceptadas o activadas por el proceso de fracturación, por lo que podrían incrementar de manera importante su longitud, lo que conllevaría un riesgo de máxima urgencia. El geólogo y también miembro de la PAF, José Luis Simón, cuestionaba en una conferencia la rentabilidad del proyecto "debido a los elevados costes económicos ya la baja posibilidad de encontrar petróleo o gas de calidad", y priorizaba que "el Maestrazgo, las zonas freáticas y con posibilidad de albergar hidrocarburos están a la misma profundidad e interconectadas por numerosas fallas ".

Debido a la pasividad del gobierno valenciano para dar una respuesta, los miembros de la PAF junto con miembros de la asociación Arca Ibérica, han logrado presionar al gobierno estatal mediante las normativas europeas como la Directiva hábitats, referida a la protección de las zonas LIC y ZEPA y la Directiva marco del agua, referida a la protección de recursos hídricos como es el acuífero del Alto Maestrazgo.

A finales de enero de este 2015, miembros de ambas organizaciones viajaron hasta Bruselas para presentar la demanda en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, quien con el apoyo del grupo de europarlamentarios, han decidido solicitar información complementaria a las autoridades españolas sobre los permisos a raíz del Informe de Evaluación Ambiental (IGME), presentado en junio de 2014, que el gobierno estatal había censurado al resto de la sociedad. Este informe fue registrado por la PAF a la Diputación Provincial, quien aún no ha dado una respuesta ni un posicionamiento concreto al respecto a pesar de la cantidad de informes y de expertos que no dan soporte a los proyectos en las comarcas del norte.

Hoy por hoy, las empresas de fracturación hidráulica ofrecen sueldos a los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos que van desde unos 300.000 euros hasta unos 600.000 euros, una cláusula para que aprueben permitirles hacer esta técnica de extracción de hidrocarburos en sus territorios . Según la PAF, este es otro claro ejemplo de soborno para endeudarse la sociedad.