Las redes sociales fueron las primeras en hablar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP en sus siglas en inglés) para crear la mayor área del mundo de libre comercio. En los últimos meses se han ido filtrando informaciones a través de las redes sociales y de medios digitales sobre las primeras protestas y denuncias públicas de diferentes movimientos sociales. TRADUCCIÓN: #1
Los medios se hacen los desentendidos con las filtraciones sobre las condiciones secretas del TTIP en junio.
Ha sido la opacidad de las negociaciones, especialmente en los puntos más polémicos del tratado, lo que ha provocado las protestas de los movimientos sociales. Estos han denunciado que las cláusulas de este acuerdo podrían limitar la soberanía nacional de las democracias europeas ya que podría hacer prevalecer los intereses de las multinacionales. Ha sido precisamente el activismo para pedir transparencia en las negociaciones lo que lo ha podido convertido en noticia. En mayo de 2014 más de 250 entidades civiles de todo el mundo reclamaban transparencia en las negociaciones del Ttipia. Mucho más recientemente, justo antes de navidad, en Cataluña el Ttipia ha llegado al debate parlamentario.
El derecho a la información
Este tratado y la forma como se está negociando podría estar en contradicción con el derecho a la información de la ciudadanía. Por un lado, los ciudadanos en democracia deben poder tener una información plural, veraz, contrastada y suficiente de todos aquellos asuntos de trascendencia para sus derechos políticos. Un tratado internacional es de suficiente importancia como para informar y lo que ha faltado en este caso es información suficiente: por la opacidad de las negociaciones. Un aspecto que han denunciado los movimientos sociales pero que no ha generado un debate político y social en el respeto por la escasa presencia mediática del tema. Si bien cuando se denuncia la falta de transparencia no se cita explícitamente el derecho a la información, está claramente implícito.
Hay un posible efecto sobre el derecho a la información, no tan conocido, que hasta ahora pocos han denunciado: el Ttipia podría limitar la capacidad de los estados soberanos a regular y limitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y podría promover la privatización de las televisiones públicas. Precisamente la Federación Europea de Periodistas celebró una jornada el pasado 5 de noviembre Stand up for journalism que este año denunciaba la cocentració de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos y cómo esto puede perjudicar al pluralismo político y social de las empresas informativas. En este sentido, la misma federación, en el manifiesto elaborado para las elecciones europeas del año pasado, reclamaba una regulación "para limitar la concentración de medios", lo que indica hasta qué punto las entidades profesionales le dan importancia a este tema.
En España, La Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), en un comunicado el pasado 1 de diciembre, denunciaba "el oscurantismo" de las negociaciones del Ttipia. Y alertaba que "en caso de que se lleve a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación ...), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado Mecanismo de solución de controversias inversoras-Estado implicaría la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios , una práctica que limita el necesario pluralismo informativo ".
El activista por el derecho a la información y secretario de organización del Sindicato de Periodistas de Cataluña, Francesc Ràfols profundiza en esta posibilidad en su blog y afirma que "los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones ". Aleros señala que si una regulación contra la concentración de la propiedad de los medios produjera "cualquier expropiación las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses". El periodista indica que esto afecta "incluso en el mundo de la comunicación para que los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos como, por ejemplo, el de Murdoch". Y advierte que la consecuencia que podría tener la imposibilidad de actuar contra la concentración sería "la reducción del pluralismo informativo, una de las principales amenazas a la calidad democrática de un país". La petición de indemnizaciones millonarias ya se ha producido, en otro sector, por un acuerdo similar al Ttipia que mantienen los EE.UU. y Canadá. Una empresa de gas pide 250 millones de dólares al Gobierno de Québec para impedirle extraer gas mediante el fracking.
En cuanto la posibilidad de privatización de los medios públicos, Dardo Gómez, secretario de organización de la FESP, señala que estos acuerdos podrían "arrasar" con las normas legales de regulación de los servicios incluyendo la sanidad y la educación públicas. "Por ejemplo, en caso de aprobarse el Ttipia, una empresa norteamericana de salud podría quejarse de tener que competir con un hospital público en Móstoles. Lo mismo podría hacer Murdock con los medios de comunicación públicos ", lo que podría promover, en su opinión, una ola de privatizaciones de medios públicos
La profesión periodística está apenas iniciando un debate sobre cómo podría afectar este tratado en los medios de comunicación y, por extensión, al derecho a la información. La FEP ha pedido transparencia en las negociaciones del Ttipia y atención a cómo podía afectar este y otros acuerdos a los medios de comunicación y la transmisión de cultura. La federación europea está trabajando con organizaciones de Estados Unidos y Canadá -la otra parte del TTIP- para alertar de los posibles resultados negativos de las negociaciones o pedir la exclusión de determinados sectores de este acuerdo.
En hablan los medios de los posibles efectos del tratado sobre el derecho a la información? Se habla de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y los efectos que tiene el pluralismo? El Ttipia la podría favorecer, perjudicar o blindar? ¿Qué informaciones tenemos los intentos de evitar la concentración de la propiedad de medios en otros países? Podría suponer a largo plazo el cierre de medios de comunicación públicos? Un debate que promueven entidades profesionales que, al menos por ahora, ha sido silenciado por el conjunto de la sociedad.
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TRADUCCIÓN
Los medios se hacen los desentendidos con las filtraciones sobre las condiciones secretas del TTIP en junio.
Ha sido la opacidad de las negociaciones, especialmente en los puntos más polémicos del tratado, lo que ha provocado las protestas de los movimientos sociales. Estos han denunciado que las cláusulas de este acuerdo podrían limitar la soberanía nacional de las democracias europeas ya que podría hacer prevalecer los intereses de las multinacionales. Ha sido precisamente el activismo para pedir transparencia en las negociaciones lo que lo ha podido convertido en noticia. En mayo de 2014 más de 250 entidades civiles de todo el mundo reclamaban transparencia en las negociaciones del Ttipia. Mucho más recientemente, justo antes de navidad, en Cataluña el Ttipia ha llegado al debate parlamentario.
El derecho a la información
Este tratado y la forma como se está negociando podría estar en contradicción con el derecho a la información de la ciudadanía. Por un lado, los ciudadanos en democracia deben poder tener una información plural, veraz, contrastada y suficiente de todos aquellos asuntos de trascendencia para sus derechos políticos. Un tratado internacional es de suficiente importancia como para informar y lo que ha faltado en este caso es información suficiente: por la opacidad de las negociaciones. Un aspecto que han denunciado los movimientos sociales pero que no ha generado un debate político y social en el respeto por la escasa presencia mediática del tema. Si bien cuando se denuncia la falta de transparencia no se cita explícitamente el derecho a la información, está claramente implícito.
Hay un posible efecto sobre el derecho a la información, no tan conocido, que hasta ahora pocos han denunciado: el Ttipia podría limitar la capacidad de los estados soberanos a regular y limitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y podría promover la privatización de las televisiones públicas. Precisamente la Federación Europea de Periodistas celebró una jornada el pasado 5 de noviembre Stand up for journalism que este año denunciaba la cocentració de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos y cómo esto puede perjudicar al pluralismo político y social de las empresas informativas. En este sentido, la misma federación, en el manifiesto elaborado para las elecciones europeas del año pasado, reclamaba una regulación "para limitar la concentración de medios", lo que indica hasta qué punto las entidades profesionales le dan importancia a este tema.
En España, La Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), en un comunicado el pasado 1 de diciembre, denunciaba "el oscurantismo" de las negociaciones del Ttipia. Y alertaba que "en caso de que se lleve a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación ...), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado Mecanismo de solución de controversias inversoras-Estado implicaría la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios , una práctica que limita el necesario pluralismo informativo ".
El activista por el derecho a la información y secretario de organización del Sindicato de Periodistas de Cataluña, Francesc Ràfols profundiza en esta posibilidad en su blog y afirma que "los textos del anteproyecto que hasta ahora se conocen revelan que el tratado no permitiría los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones ". Aleros señala que si una regulación contra la concentración de la propiedad de los medios produjera "cualquier expropiación las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses". El periodista indica que esto afecta "incluso en el mundo de la comunicación para que los gobiernos no podrían aprobar leyes limitando la propiedad en los medios para impedir la creación de imperios mediáticos como, por ejemplo, el de Murdoch". Y advierte que la consecuencia que podría tener la imposibilidad de actuar contra la concentración sería "la reducción del pluralismo informativo, una de las principales amenazas a la calidad democrática de un país". La petición de indemnizaciones millonarias ya se ha producido, en otro sector, por un acuerdo similar al Ttipia que mantienen los EE.UU. y Canadá. Una empresa de gas pide 250 millones de dólares al Gobierno de Québec para impedirle extraer gas mediante el fracking.
En cuanto la posibilidad de privatización de los medios públicos, Dardo Gómez, secretario de organización de la FESP, señala que estos acuerdos podrían "arrasar" con las normas legales de regulación de los servicios incluyendo la sanidad y la educación públicas. "Por ejemplo, en caso de aprobarse el Ttipia, una empresa norteamericana de salud podría quejarse de tener que competir con un hospital público en Móstoles. Lo mismo podría hacer Murdock con los medios de comunicación públicos ", lo que podría promover, en su opinión, una ola de privatizaciones de medios públicos
La profesión periodística está apenas iniciando un debate sobre cómo podría afectar este tratado en los medios de comunicación y, por extensión, al derecho a la información. La FEP ha pedido transparencia en las negociaciones del Ttipia y atención a cómo podía afectar este y otros acuerdos a los medios de comunicación y la transmisión de cultura. La federación europea está trabajando con organizaciones de Estados Unidos y Canadá -la otra parte del TTIP- para alertar de los posibles resultados negativos de las negociaciones o pedir la exclusión de determinados sectores de este acuerdo.
En hablan los medios de los posibles efectos del tratado sobre el derecho a la información? Se habla de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y los efectos que tiene el pluralismo? El Ttipia la podría favorecer, perjudicar o blindar? ¿Qué informaciones tenemos los intentos de evitar la concentración de la propiedad de medios en otros países? Podría suponer a largo plazo el cierre de medios de comunicación públicos? Un debate que promueven entidades profesionales que, al menos por ahora, ha sido silenciado por el conjunto de la sociedad.