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#1:
Traducción:
17 años de prisión para cada uno. Esta es la petición fiscal con que afrontarán el juicio los 6 antifascistas detenidos el 28 de enero de 2014. Se les acusa de daños y lesiones y se les aplica el agravante de discriminación ideológica.
Los hechos se remontan al 12 de octubre de 2013. Ese día, un mes después del asalto a la librería Blanquerna de Madrid, los mismos grupos ultras desembarcaban en Barcelona. La manifestación de la plataforma La España en Marcha fue precedida de amenazas a provocar un baño de sangre si se celebraba el referéndum del 9N. Estas amenazas también fueron acompañadas de mensajes en las redes sociales animando a salir de cacería esa misma tarde después de la manifestación.
8 de los ultras participantes en la marcha se encontraban a primera hora de la tarde en una terraza de un bar en Hostafrancs. Muchos de ellos con denuncias por violencia ideológica y alguno incluso acusado de intento de homicidio. Su intención era salir "de cacería" por el barrio de Santos, lo que fue abortado cuando fueron sorprendidos por un grupo de antifascistas, que alertado de todas estas circunstancias, se enfrentó con el fin de ahuyentarlos del barrio .
Tres meses después, los Mossos practicaron una serie de detenciones entre militantes del antifascismo barcelonés, acusándolos de estos hechos. A pesar de la creciente preocupación en Cataluña sobre la acción de grupos ultras contra las movilizaciones soberanistas -Preocupación que aparentemente también tenían los miembros del gobierno autonómico-, los Mossos justificaron la operación con términos más propios del actual ministro de el interior.
Según los Mossos, los ultras eran simplemente "un grupo de jóvenes que tomaban unas consumiciones en una terraza de un bar, después de asistir a un acto en la montaña de MontjuÏc". La operación, instigada por la denuncia de la extrema derecha, hizo uso de la fiscalía de delitos de odio en un intento de equiparar antifascistas y neonazis.
Uno de los seis antifascistas detenidos permaneció un mes en prisión, y dos meses más tarde la policía haga dos nuevas detenciones. Una actuación que contrastaba vivamente con la impunidad con la que los fascistas habitualmente pueden actuar.
De hecho, paradójicamente la petición fiscal es de la misma magnitud que la condena al grupo de neonazis que agredieron unos jóvenes ante la sala Stroika. En aquella ocasión fueron condenados por intento de asesinato con agravante de discriminación ideológica. Ahora, la petición fiscal es de la misma magnitud a pesar de que los delitos imputados son lesiones y daños; y sarcásticamente se les quiere aplicar la agravante de discriminación ideológica, un concepto jurídico ideado inicialmente para combatir el fascismo.
Una juez cercana a los sectores ultras
La juez que dirigió la operación y instruye el caso, Pilar Rovira del Canto, titular del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, tiene un largo historial de actuaciones beligerantes contra el independentismo y los movimientos populares catalanes. Es la misma que autorizó la concentración falangista contra la consulta de Arenys de Munt. En los años noventa destacó en su papel muy activo contra los insumisos en Girona. La actuación de la juez fue incluso aplaudida por dirigentes de la ultraderecha española como Pedro Chaparro, uno de los autores del asalto fascista en el centro Blanquerna de Madrid.
Preparando la solidaridad
Aunque todavía no hay fecha fijada para el juicio, las organizaciones antirepresivas y los movimientos antifascistas ya han empezado a mover los hilos de la solidaridad. Este sábado se ha convocado un primer encuentro abierta para empezar a trabajar la campaña pública de denuncia de este nuevo episodio represivo.
17 años de prisión para cada uno. Esta es la petición fiscal con que afrontarán el juicio los 6 antifascistas detenidos el 28 de enero de 2014. Se les acusa de daños y lesiones y se les aplica el agravante de discriminación ideológica.
Los hechos se remontan al 12 de octubre de 2013. Ese día, un mes después del asalto a la librería Blanquerna de Madrid, los mismos grupos ultras desembarcaban en Barcelona. La manifestación de la plataforma La España en Marcha fue precedida de amenazas a provocar un baño de sangre si se celebraba el referéndum del 9N. Estas amenazas también fueron acompañadas de mensajes en las redes sociales animando a salir de cacería esa misma tarde después de la manifestación.
8 de los ultras participantes en la marcha se encontraban a primera hora de la tarde en una terraza de un bar en Hostafrancs. Muchos de ellos con denuncias por violencia ideológica y alguno incluso acusado de intento de homicidio. Su intención era salir "de cacería" por el barrio de Santos, lo que fue abortado cuando fueron sorprendidos por un grupo de antifascistas, que alertado de todas estas circunstancias, se enfrentó con el fin de ahuyentarlos del barrio .
Tres meses después, los Mossos practicaron una serie de detenciones entre militantes del antifascismo barcelonés, acusándolos de estos hechos. A pesar de la creciente preocupación en Cataluña sobre la acción de grupos ultras contra las movilizaciones soberanistas -Preocupación que aparentemente también tenían los miembros del gobierno autonómico-, los Mossos justificaron la operación con términos más propios del actual ministro de el interior.
Según los Mossos, los ultras eran simplemente "un grupo de jóvenes que tomaban unas consumiciones en una terraza de un bar, después de asistir a un acto en la montaña de MontjuÏc". La operación, instigada por la denuncia de la extrema derecha, hizo uso de la fiscalía de delitos de odio en un intento de equiparar antifascistas y neonazis.
Uno de los seis antifascistas detenidos permaneció un mes en prisión, y dos meses más tarde la policía haga dos nuevas detenciones. Una actuación que contrastaba vivamente con la impunidad con la que los fascistas habitualmente pueden actuar.
De hecho, paradójicamente la petición fiscal es de la misma magnitud que la condena al grupo de neonazis que agredieron unos jóvenes ante la sala Stroika. En aquella ocasión fueron condenados por intento de asesinato con agravante de discriminación ideológica. Ahora, la petición fiscal es de la misma magnitud a pesar de que los delitos imputados son lesiones y daños; y sarcásticamente se les quiere aplicar la agravante de discriminación ideológica, un concepto jurídico ideado inicialmente para combatir el fascismo.
Una juez cercana a los sectores ultras
La juez que dirigió la operación y instruye el caso, Pilar Rovira del Canto, titular del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, tiene un largo historial de actuaciones beligerantes contra el independentismo y los movimientos populares catalanes. Es la misma que autorizó la concentración falangista contra la consulta de Arenys de Munt. En los años noventa destacó en su papel muy activo contra los insumisos en Girona. La actuación de la juez fue incluso aplaudida por dirigentes de la ultraderecha española como Pedro Chaparro, uno de los autores del asalto fascista en el centro Blanquerna de Madrid.
Preparando la solidaridad
Aunque todavía no hay fecha fijada para el juicio, las organizaciones antirepresivas y los movimientos antifascistas ya han empezado a mover los hilos de la solidaridad. Este sábado se ha convocado un primer encuentro abierta para empezar a trabajar la campaña pública de denuncia de este nuevo episodio represivo.
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Traducción:
17 años de prisión para cada uno. Esta es la petición fiscal con que afrontarán el juicio los 6 antifascistas detenidos el 28 de enero de 2014. Se les acusa de daños y lesiones y se les aplica el agravante de discriminación ideológica.
Los hechos se remontan al 12 de octubre de 2013. Ese día, un mes después del asalto a la librería Blanquerna de Madrid, los mismos grupos ultras desembarcaban en Barcelona. La manifestación de la plataforma La España en Marcha fue precedida de amenazas a provocar un baño de sangre si se celebraba el referéndum del 9N. Estas amenazas también fueron acompañadas de mensajes en las redes sociales animando a salir de cacería esa misma tarde después de la manifestación.
8 de los ultras participantes en la marcha se encontraban a primera hora de la tarde en una terraza de un bar en Hostafrancs. Muchos de ellos con denuncias por violencia ideológica y alguno incluso acusado de intento de homicidio. Su intención era salir "de cacería" por el barrio de Santos, lo que fue abortado cuando fueron sorprendidos por un grupo de antifascistas, que alertado de todas estas circunstancias, se enfrentó con el fin de ahuyentarlos del barrio .
Tres meses después, los Mossos practicaron una serie de detenciones entre militantes del antifascismo barcelonés, acusándolos de estos hechos. A pesar de la creciente preocupación en Cataluña sobre la acción de grupos ultras contra las movilizaciones soberanistas -Preocupación que aparentemente también tenían los miembros del gobierno autonómico-, los Mossos justificaron la operación con términos más propios del actual ministro de el interior.
Según los Mossos, los ultras eran simplemente "un grupo de jóvenes que tomaban unas consumiciones en una terraza de un bar, después de asistir a un acto en la montaña de MontjuÏc". La operación, instigada por la denuncia de la extrema derecha, hizo uso de la fiscalía de delitos de odio en un intento de equiparar antifascistas y neonazis.
Uno de los seis antifascistas detenidos permaneció un mes en prisión, y dos meses más tarde la policía haga dos nuevas detenciones. Una actuación que contrastaba vivamente con la impunidad con la que los fascistas habitualmente pueden actuar.
De hecho, paradójicamente la petición fiscal es de la misma magnitud que la condena al grupo de neonazis que agredieron unos jóvenes ante la sala Stroika. En aquella ocasión fueron condenados por intento de asesinato con agravante de discriminación ideológica. Ahora, la petición fiscal es de la misma magnitud a pesar de que los delitos imputados son lesiones y daños; y sarcásticamente se les quiere aplicar la agravante de discriminación ideológica, un concepto jurídico ideado inicialmente para combatir el fascismo.
Una juez cercana a los sectores ultras
La juez que dirigió la operación y instruye el caso, Pilar Rovira del Canto, titular del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, tiene un largo historial de actuaciones beligerantes contra el independentismo y los movimientos populares catalanes. Es la misma que autorizó la concentración falangista contra la consulta de Arenys de Munt. En los años noventa destacó en su papel muy activo contra los insumisos en Girona. La actuación de la juez fue incluso aplaudida por dirigentes de la ultraderecha española como Pedro Chaparro, uno de los autores del asalto fascista en el centro Blanquerna de Madrid.
Preparando la solidaridad
Aunque todavía no hay fecha fijada para el juicio, las organizaciones antirepresivas y los movimientos antifascistas ya han empezado a mover los hilos de la solidaridad. Este sábado se ha convocado un primer encuentro abierta para empezar a trabajar la campaña pública de denuncia de este nuevo episodio represivo.
Si, unos fascistas tienen derecho a manifestarse donde quieran. Y no, no tienes derecho a agredirles porque sean fascistas. Si hacen algo ilegal, llama a la policía. Tu no eres representante de nadie.
Acepta las reglas de juego del primer mundo o a la puta cárcel.
#7 Totalmente de acuerdo.
Además, ¿que coño es un antifascista.?
Si yo no soy fascista y estoy en el polo opuesto político y social, ¿automáticamente soy antifascista?.
Una persona que está en contra de la esclavitud, ¿es antiesclavista.?
Alguien que está en contra de la agresión a homosexuales y lesbianas. ¿es antihomofobista?.
¿Un antifascista no defiende a alguien que está siendo agredido si el agresor es ultraizquierdista?
Si estás en contra la violencia y abuso, lo estás venga este de donde venga. de izquierda o derecha.
Si no, quizás no estás mas que buscando un "enemigo" contra el que ensañarte, como hacen los fascistas con otros.
Si crees que alguien va a agredir a alguien, avisas a la policía. No te juntas con unos cuantos más de tu misma ideología y vas a ver si les partes la cara a los de la ideología contraria.
a los asesinos nazis del atletico, los sueltan para equilibrara la balanza de la justicia
¿Y por que debería importar que sean antifascistas? Lo que se juzgan son los hechos.
#10 no les estropees una "noticia indignante" con la realidad. Se cabrean
Desde luego se han dado la misma prisa y diligencia que si la supuesta agresión la hubieran cometido fascistas
Igualito que a éstos Libertad para los 4 ultras del Atlético acusados del asesinato de Jimmy
Libertad para los 4 ultras del Atlético acusados d...
estrelladigital.es#8 Los han liberado por que NO han matado a nadie.
Discriminación ideológica? ah... que es España... que el nazismo/fascismo está bien visto o al menos no es considerado terrorismo ni mucho menos... claro, es la "religión" que siguen mossos, polis, etc...
Son antifascistas... CIRCULEN
España....