El poder de las administraciones a la hora de dinamizar una economía se puede orientar (y de hecho siempre lo hace) para cumplir objetivos políticos. La inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas es la gran demanda de la Economía Social, con la que se multiplicaría sus efectos positivos sobre la sociedad. La tendencia de decidir las adjudicaciones solamente por el factor precio elimina del proceso a las entidades del sector y pone en peligro su viabilidad.