La Ley de Responsabilidades Políticas serviría para acusar (de forma grotesca) al bando republicano de haber desencadenado la Guerra Civil al oponerse al Alzamiento del 18 de julio. De todas estas penas las más habituales e importantes eran las sanciones económicas, las incautaciones y las confiscaciones de bienes que iban a nutrir al nuevo régimen con una importante fuente de ingresos. Las acusaciones podían formularse con carácter retroactivo sancionando acciones desde el 1º de octubre de 1934.
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Los Tribunales, de distintos niveles, encargados de imponer las sanciones se instalaron en toda la geografía española, y estaban compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Al no haber sido juzgado el franquismo, pervive la falta de separación de poderes que Franco forjo; pues convirtió los Tribunales en armas contra cualquiera que no había apoyado el Régimen. Esto tribunales condenaron a la pobreza a los que no apoyaron a Franco; muchas viudas con hijos sin poder sacarlos adelante,...