La historia se repite casi sin variaciones: El Gobierno solicita permiso al Instituto Nacional de Arqueología e Historia para demoler edificios considerados monumentos históricos, le es denegado (El centro histórico de la ciudad es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad) y de todas maneras se procede a demoler los edificios, sin notificarlo, para construir corredores comerciales en los que se reubicará a los vendedores ambulantes de la ciudad. En algunos casos, ni siquiera se realizó la solicitud antes de derribar las construcciones.