El desequilibrio entre la oferta y la demanda de plazas impide satisfacer los deseos de las familias y obliga a las administraciones educativas —todas las autonomías tiene plenas competencias en materia de enseñanza— a aplicar unos baremos, sobre criterios previamente establecidos, para atender las solicitudes, de acuerdo con la puntuación conseguida por los candidatos a obtener una plaza. Y estas exigencias convierten el proceso de admisión en un laberinto que conduce a los padres a utilizar métodos que en muchos casos rozan la irregularidad.