La CE "ha pedido formalmente a España que acate su decisión" de diciembre de 2007 "de suprimir las condiciones impuestas" a la operación, señaló un comunicado. "De no recibir una respuesta satisfactoria en un mes, la Comisión podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", advirtió el Ejecutivo comunitario.