Se insta al Ejecutivo autonómico a "llevar a acabo las actuaciones necesarias para minimizar y, a ser posible, anular el daño que, para los recursos públicos de la comunidad autónoma de Balears ha significado" la contratación de dicho anteproyecto. Además, el texto "constata" que el encargo "se efectuó con un objetivo electoralista de partido y no para el interés o beneficio de la comunidad autónoma de Balears". Cabe recordar que su presentación fue prohibida por la junta electoral.