El programa de detenciones secretas puesto en marcha por Estados Unidos dentro de la llamada guerra contra el terror contó con la connivencia de las autoridades españolas entre enero de 2002 y septiembre de 2007. En este periodo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aprovechó aeropuertos civiles y militares y el espacio aéreo nacional para sus operaciones antiterroristas.