Mi caso es irrelevante, casi un trámite administrativo. Se trata de la solicitud de incapacidad de una anciana afectada por un grave alzhéimer certificado ya por distintos médicos. Sin embargo, las idas y venidas de esta persona al juzgado (en ambulancia y con camilleros), los viajes de familiares para acudir a citaciones que se posponen por motivos fútiles y la tozudez e inflexibilidad de la burocracia judicial generan indefensión, rabia e impotencia.
Comentarios
El artículo no aclara si los distintos médicos que certifican que la señora padece alzheimer lo hacen desde la "medicina privada". Si la señora estuviese diagnosticada por los servicios de salud públicos, sería de todo punto incomprensible la negativa judicial. Pero claro, cosas más raras se han visto.