Traducción:

Querella criminal colectiva por las agresiones policiales del 27-M
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La instrucción del caso deberá determinar la identidad de los agentes que agredieron reiteradamente a los indignados concentrados en la plaza de Cataluña. Las imágenes muestran las caras de algunos de los agresores, pero ningún policía llevaba una placa de identificación visible. La denuncia también incluye el delito de retención ilegal.

Finalmente serán 56 los querellantes en la denuncia colectiva que se presentará en los juzgados de Barcelona el próximo jueves 13 de octubre en relación a los hechos del desalojo de la acampada de plaza de Catalunya. La querella va dirigida a los diferentes responsables de la cadena de mando de los Mossos d'Esquadra, desde los policías agresores hasta el consejero de Interior Felip Puig. Las principales pruebas se basan en las imágenes grabadas en vídeo, muy difundidas tanto por televisión como por Internet, y en los documentos de lesiones emitidos por los médicos que atendieron a los agredidos.

Aunque no es la primera querella en contra de la actuación policial que tuvo lugar el día del desalojo de plaza de Catalunya, esta tiene la particularidad de ir por la vía penal y de ser colectiva. Esta denuncia acusa, entre otros, al consejero Puig de prevaricación por ser el primer responsable de que los antidisturbios no pudieran ser identificados, y los mandos intermedios de ordenar la retención ilegal de algunos de los acampados en el centro de la plaza.

Pero la mayoría de los 56 querellantes denuncian las repetidas agresiones que cometieron los agentes antidisturbios y sobre las que hay numerosas imágenes . Estas dieron la vuelta al mundo por el hecho de que los manifestantes eran golpeados reiteradamente mientras estaban concentrados en los alrededores de la plaza. Aunque ninguno de los agresores llevaba la identificación visible, "hay imágenes en las que se ve la cara de los agresores, y durante la instrucción de la querella deberá delimitar la responsabilidad de cada uno" asegura una de las representantes de la comisión penal de la acampada Anaïs Franquesa: "la obligación es que a partir de las imágenes, identifiquen".

Puig, acusado por la falta de identificaciones de los antidisturbios
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La denuncia dirigida a Felip Puig se fundamenta en que el consejero de interior es el primer responsable que debe velar por que todos los policías estén identificables en todo momento. Puig aseguró tras el desalojo de la plaza que los antidisturbios no iban identificados "porque no era posible poner velcro en los chalecos". Un decreto aprobado por el Gobierno tripartito en noviembre de 2008 obligaba a todos los agentes de los Mossos a tener el número de identificación policial visible, norma que el consejero se planteó suprimir a raíz de los hechos del 27-M. La actuación policial del pasado jueves en la Ciudad de la Justicia demostró que los policías tampoco llevaban el número de identificación visible . Puig ya derogó, nada más acceder al cargo, el código de ética de los Mossos d'Esquadra.

Los mandos intermedios también están acusados como de dar las órdenes de retener ilegalmente algunos de los indignados en el interior de la plaza de Cataluña la mañana del desalojo. "Pero también los acusamos de omisión a la hora de controlar los policías a su cargo", asegura Anaïs. El último precedente de querella colectiva contra las acciones de la policía se presentó después de los incidentes en la manifestación contra Bolonia. Estos tuvieron lugar tras el desalojo del rectorado de la Universidad de Barcelona. La denuncia fue archivada porque no se pudo identificar a los responsables policiales de las agresiones.