Llevo dos años trabajando en ejecutorias (los juzgados que, en ciudades grandes, se ocupan de ejecutar las penas que se imponen en sentencia y que no sean muy graves) en un par de juzgados de Madrid, y en todo ese tiempo sólo he visto un caso en el que, aún no teniendo un antecedente penal no cancelado la pena no se haya suspendido (y, aunque no puedo dar datos, me pareció estupendamente).

Cómo funcionamos (de nuevo, hablo del caso de los dos juzgados en los que he estado, pero a pesar de pequeñas diferencias, parece lógico pensar que todos los juzgados funcionen igual): si alguien llega con una pena de prisión de menos de dos años (o una multa que se haya convertido en prisión, porque en penal, una multa se convierte, si no pagas y no te pueden embargar, en pena de prisión igual a la mitad del tiempo al que te han condenado de multa [por eso las multas se ponen siempre asociadas a un tiempo, por ejemplo: ocho meses de multa con una cuota diaria de cinco euros. Esto se convertiría en una pena de cuatro meses de prisión, y sería susceptible de suspensión]), lo pida el penado o no lo pida se envía al Fiscal para que diga lo que le parece la suspensión. El Fiscal comprueba que se cumplen los requisitos y lo autoriza o se opone, y con ello el juez decide (lo que, en la inmensa mayoría de los casos en los que se permite, se decante por la suspensión).

No tiene por qué ser la primera vez para concederla, basta con que todos los antecedentes penales que tenga estén cancelados. Además, hay otra condición, y es que haya pagado la responsabilidad civil; no la multa (que va para el estado) sino el dinero que en sentencia se considera que se tiene que dar al perjudicado para resarcirle de los daños. Si no se ha pagado, no se concede la suspensión.

Por lo general se concede por dos años, en los cuales se va comprobando que no anota otro antecedente penal más. En caso de que transcurra el periodo de suspensión sin otro, se da por cumplida la pena. Si lo hay, se ejecuta la de prisión que se había puesto al principio.

De todas formas, en muchos de los juzgados en los que he estado he oído quejas sobre lo poco claras que están las leyes en relación a la ejecución de penas en penal, y eso por parte de secretarios y jueces.

Y, por último, lo de la suspensión es un arma de doble filo. Hay muchas veces en que la suspensión puede ser más perjudicial para el penado que el cumplimiento de la pena, desde su punto de vista. Un ejemplo que he visto muy a menudo es el de extranjeros que necesitan renovar su tarjeta de residencia. Si le suspenden la pena por dos años, y luego tienen que esperar otros tantos para la cancelación del antecedente penal, el tipo va a tener que estar cuatro años con ese antecedente. Y con un antecedente renovar el permiso de residencia es un infierno (si se consigue), con lo que hay muchos que, directamente, cuando tienen que renovar los papeles no lo logran y terminan en situación irregular en el país. Por eso he visto casos donde, incluso no teniendo dinero, el penado ha rechazado la suspensión y ha entrado en prisión voluntariamente para que cuando llegase la renovación de sus papeles no tuviese el antecedente (si es una pena de dos meses, por lo general en dos años y dos meses te has quitado de encima el antecedente, en lugar de en cuatro años).

Bueno, pero como bien dice el mismo blog, en la práctica sí que se hace, y el caso excepcional pasa a ser en el que no se suspende la pena. Supongo que esto se debe a que el párrafo dice que la pena se puede conmutar si hay más posibilidades de reinserción sustituyendo la carcel por multa y trabajos sociales, y los jueces saben que el sistema penitenciario, de reinserción, poca.

Eso sí, muy interesante el artículo, muchos éramos los que creíamos que esto era automático.